¿Se esclarece una mano invisible de algún
puntero político? Es lo más probable. Es lo demencial de utilizar las
necesidades primordiales, humanas, los derechos sociales, como carnadas en
disputas político-territoriales. En el medio, la incomunicación de los medios
masivos de comunicación: nada se dijo de los civiles muertos y de los heridos
que hubieron después. Recién a la medianoche comenzaron a rechinar los nombres
de las victimas. Se pretendió distorsionar –y porque no, esconder- aquella
represión a mansalva (según fuentes policiales “con balas de goma” y según
partes médicos y de supervivientes “dispararon
balas de plomo con sus armas reglamentarias y con Itakas”). El discurso del
oficialismo porteño daba un mensaje de calma, que todo había “terminado bien” y
que “no se habían producido incidentes graves”. Toda una consecuencia
estratégica.
El problema de la vivienda y el detonante del
Indoamericano. Las complicaciones empezaron en las últimas
horas del 7 de diciembre del 2010. Un grupo de hombres (dicen algunas fuentes,
“que estaban armados”), ingresaron a las viviendas construidas por la
fundación Madres de Plaza de Mayo en Los Piletones, anulando al obrador del complejo
territorial. Esas viviendas estaban destinadas a gente humilde. Allí, se
encontraba la Policía Metrolitana que ni se mosqueó ante lo ocurrido:
evidentemente, hay quién o quiénes manejaron la rienda política de la decisión.
El detonante social comenzó allí, en Los Piletones.
Jugando
descaradamente con las necesidades habitacionales, en el Indoamericano se
implementó una cacería demencial. Sabemos y saben que en las villas miserias de
la Ciudad de Buenos Aires, el destino de una vivienda como la gente es un
privilegio que no abunda, y tampoco hay fines de inversión. Los números del macrismo
en este 2012 lo advierten: nula inversión en programas de re-inserción,
urbanización y saneamiento, a modo de ejemplos.
El
previo suceso de la toma en Los Piletones fue llevado a cabo por una patota que
luego inició la hecatombe en el Indoamericano (fueron barrabravas de distintos
clubes que responden, según investigaciones periodísticas, a Ciro James
–procesado por las escuchas ilegales- y a Cristian Ritondo –jefe del bloque Pro
en la legislatura-; por otro lado, conocemos las relaciones de Ritondo y el
cabezón Duhalde). En los videos televisivos se observan a civiles armados (por
ejemplo Julio Capella empleado de la administración Pro, de la Obsba en
ese momento) que hacian retroceder tirando tiros en todas las direcciones, a los
vecinos llenos de ira ante el desprecio que mostraban hacia ellos. El macrismo
jugó con la necesidad de una vivienda digna para
las familias; inició una pelea, en definitiva, de pobres contra pobres. Se supo
después, que esta patota tuvo que retirarse –recibieron varias recagadas a
trompadas, piedras y palazos- debido a la furia que avecinaba “hacer justicia por
mano propia”.
El desalojo. Efectivamente, la orden de desalojo llegó de arriba. Con
una velocidad nunca vista, la jueza María Cristina Nazar puso el gancho en el
desalojo. Ocurría amablemente sin ningún imprevisto. Actuaron la Policia
Federal y la Metropolitana en conjunto con la Guardia de Infatería, todo un
batallón podríamos decir. Luego, la hecatombe de la patota.
Si bien.
Nazar fue alejada de la causa, en mayo de este año se confirmo su
sobreseimiento tras la acusación por “irregularidades en el desalojo”. Pagina
12 nos trae las ultimas novedades: “La jueza penal Mónica Berdión de Crudo
fue designada por sorteo para hacerse cargo de la causa que investiga la
represión, en diciembre de 2010, por la toma del Parque Indoamericano, que
terminó con dos personas asesinadas y 44 policías de las fuerzas Federal y
Metropolitana acusados por los crímenes. De acuerdo con fuentes judiciales, la
decisión fue tomada por la Sala de Sorteos de la Cámara del Crimen, después de
que la Sala I de ese tribunal apartara al magistrado que estaba a cargo del
expediente, Eliseo Otero. La jueza Berdión de Crudo deberá resolver el pedido
del fiscal Sandro Abraldes para someter a indagatoria a los efectivos
acusados.”(3) Primero de Junio del 2012.
Tras el violento accionar de
las chapas policiales, el Parque siguió tomado. Algo muy digno de mencionar:
los vecinos, tras las cansadoras y temerosas noches de crímenes e
intimidaciones, conquistaron la pacificación de la zona; mostraron las
problemáticas habitacionales de la ciudad (que detonaron en otras ocupaciones
en distintos territorios de la ciudad y del conurbano). Luego, la historia
conocida: vinieron los censos, las promesas (incumplidas en la actualidad), el
“arduo” (¿?) trabajo del ministerio de Desarrollo Social de la Nacion, los
imputados, los sobreseidos, los beneficiados, etc.
El Macrismo. La actuación del Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri,
y de su gabinete en la toma del Indoamericano, sería precisamente “un ejemplo
de lo que no habría que hacer en la administración pública”. De todos modos, no
descubrimos nada si decimos “uno es quien dice ser; y lo que se dice, por lo
general se hace; y uno hace como piensa”. ¡Todo un trabalenguas!. Un año y
medio después, Macri es reelecto gobernador de la ciudad de Buenos Aires.
Evidentemente, salió bien parado.
Claro
está que el sur de la ciudad de Buenos Aires nunca fue y será una prioridad de
la gestión Pro. Menos todavía, las viviendas para los villeros. A su vez, en
estos sucesos de diciembre del 2010, los medios de comunicación del Grupo
Clarín acogieron cómodamente a un Mauricio Macri presionando para que el
gobierno nacional tome cartas en el asunto. Pero también expresó, su discurso
fuertemente racista y xenófobo contra los paisanos de Bolivia, del Paraguay y
por sobre todas las cosas, el desprecio hacia los pobres en general.
Este
discurso mechó las habladurías de la Ciudad. A varios les creció el enano
fascista del nacionalismo Pro-estúpido, Pro-chabacano y Pro-vacio (“que vayan a
trabajar a sus países, a Bolivia, a Paraguay, a ¡Salta!) junto con el desprecio
patotero hacia los pobres.
El libre juego del mercado. Creer en la
magia. Construir viviendas populares para transformar
las villas miserias es una reivindicación que le llega en lo más profundo a los
sectores marginados de la sociedad. El macrismo en sus promesas de campaña la
incluyó sin miedo a consecuencias. Pero desde un primer momento la intención
fue otra y quedó evidenciada: sortear los titulos de las propiedades, para que
el boom especulativo-inmobiliario compre los terrenos, y se solucionen los
asentamientos sociales con emprendimientos mayores. Ver si todo se soluciona por arte de magia y no poner un solo mango dejando las cosas al libre juego del mercado (o sino, trasladar las villas miserias por fuera de los limites de la Capital Federal dejando a los "negros del otro lado del Riachuelo o de la Gral. Paz" o ejemplarmente, utilizar nuevamente los métodos de la UCEP). En definitiva, fue y es hoy en día su estrategia. Claro está, siendo las ideólogas
de esta línea de acción las empresas inmobiliarias, las ganancias predominarían
sobre las necesidades de los pobres.
Resultado:
en los días de la toma del Indoamericano, se desató una tempestad monstruosa en
el complejo entramado social de los barrios del sur de la ciudad. Sobre todo en
Los piletones y Villa 20, ya que habían sido nombrados, como los primeros beneficiarios
del proyecto “mas progresista de la Ciudad”. La chispa se encendió y Macri no tuvo
la mejor idea que echarle mas nafta al fuego. Y corolario casi final: una incitación
a la violencia descomunal, los vecinos de clase media aledaños de las villas de
Soldati y Lugano llaman a desalojar a los ocupantes del Indoamericano. Un
protagonista más en este quilombo.
“Es posible que en el reclamo se mezclen necesidades legítimas con
formas de punterismo e inclusive de corrupción. Los que reclaman pueden tener
razón o no. Pero el discurso del jefe de Gobierno de la Ciudad en ningún caso
podía ser para provocar más odio y justificar y empujar de alguna manera la
reacción airada y violenta de los vecinos contrarios a la ocupación. Denunciar
por los medios de comunicación a los ocupantes como invasores extranjeros, o
como “el avance de los narcotraficantes y el avance de la delincuencia” fue
irresponsable, estaba convocando a una masacre.” (2)
El camino de la negociación
fue el único que evitó el Jefe de Gobierno porteño. La violencia cultivó el
ambiente. Convocaba a que el gobierno nacional intervenga y se sume a la
represión.
Actualidad. Promesas y procesados. Ningún
esclarecimiento sobre los asesinatos. Solo dos acusados: Diosnel (del FPDS) y
el Tano Nardulli (de la CCC), vecinos de la 20 y Soldati. La pena sería de seis meses a
tres años de prisión. Mejor suerte corrieron el pitu Salvatierra (dirigente de
la Villa 15 -Ciudad Oculta- y el eterno Marcelo Chancalay). Este cronista
advierte, un respaldo político-institucional de fondo hacia los últimos dos
mencionados. Ni hablar de los 45 policías inicialmente sobreseidos de la causa.
Seguramente, tras la amplia presión contra-hegemónica, la Justicia reculó y los
oficiales seguirían siendo investigados.
Diosnel se pregunta: “¿Cómo es que para la Justicia organicé una
toma en la que el Parque fue desocupado de un día para el otro? Si hubiese sido
así, todavía estaríamos allí hasta que los funcionarios hubiesen cumplido con
lo que se acordó en Casa Rosada”.
Peréz fue uno de los
presentes en las discusiones entre Nación y Ciudad en las negociaciones del
Indoamericano. Ni hablar de su referencia social en la 20 y su disputa con
Chancalay (sabemos cuál es el Curriculum Vitae del ex presidente de la Villa 20)
ante los manejos turbulentos en el barrio.
El mensaje de la Justicia es
clarificador: profundizar la
criminalización de la protesta. “Quieren sentar el precedente de que
cualquier manifestación pública para reclamar vivienda será criminalizada” (3),
comenta Nardulli a Página 12. “Utilizaron
como prueba declaraciones nuestras a los medios que sacaron de contexto”, expresó
Salvatierra. Según el dirigente, “la
intención de la toma no era quedarse en el parque sino manifestar un reclamo
por la falta de viviendas: a lo sumo lo que se hizo fue una ocupación del
espacio público, como cuando los ruralistas cortaron las rutas”.“El Estado
mismo convalida el hecho como un reclamo, cuando se sienta a discutir una
solución. No hubieran negociado ante un delito”, subrayó la abogada Luciana
Bercovich, coordinadora del programa Derecho y Construcción en Villas de la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Conclusiones:
La justicia albergó un
fuerte respaldo al accionar represivo. Una cobertura de
aparente legalidad institucional. El CELS contextualiza la toma del
Indoamericano: “Por un lado, la presencia
de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, conocidos por
tener poder de otorgar subsidios, en ocupaciones cercanas al parque alimentó la
expectativa de que habría chances de negociar beneficios. Por el otro lado,
integrantes del bloque PRO de la Legislatura elaboraban un proyecto para la
facilitación de la escrituración, en las villas Los Piletones, 20, 1-11-14 y
Fátima. En los barrios corrió el rumor de las inminentes titularizaciones, lo
que llevó al desalojo de inquilinos para facilitar los eventuales trámites de
regularización”. (4) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195161-2012-05-29.html
Ochenta de cada cien personas deben alquilar cuartos “sin
cobertura legal” en estos barrios. Y salvajemente, cuando ocuparon el Parque
Indoamericano fueron reprimidos con la brutalidad de los antecedentes de mierda
de las fuerzas represivas. Se conocen las problemáticas habitacionales de los
vecinos lindantes al Parque, pero para el gobierno porteño “la cuestión
delictiva de la toma” era digna de ser castigada, disciplinada: doscientos
efectivos federales y sesenta de la metropolitana, y la única respuesta por
parte del Estado provino del Derecho Penal.
En
síntesis, la vivienda es unos de los grandes problemas estructurales del país:
durante años se construyeron viviendas lujosas, jugando con la especulación
inmobiliaria, y yendo en detrimento del poder adquisitivo de los barrios más
humildes, precisamente los que más demandan en este rubro. Las cosas tienen que
empezar a cambiar.
